Alexis Massol frente a Casa Pueblo. (suministrada)

La organización comunitaria Casa Pueblo de Adjuntas alertó el lunes que el gobernador Luis Fortuño insiste en ganar tiempo para lograr construir el gasoducto, luego de anunciar que otorgará 30 días adicionales al Comité Intersectorial para que se pronuncie a favor de la infraestructura que resolverá la cuestionada “crisis energética”.

Alexis Massol González, director de Casa Pueblo, le salió al paso al Primer Ejecutivo, tras su decisión de extender el tiempo de rendición de informe del Comité por entender que “lleva ya un historial demasiado dilatado para tomar una determinación que ponga fin al proyecto de Vía Verde, que es de sobrado conocimiento público que no cuenta con gas natural para operar y que es una obra concebida de manera sospechosa, pues ni tan siquiera tiene la capacidad de reducir la factura a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.

Según declaraciones escritas de Massol González, el récord público del Gobernador demuestra que el mandatario ha rechazado consistentemente todos los escenarios que lo coloquen en la posición “políticamente difícil” de cancelar la tubería de gas natural, rechazada por la amplia mayoría de los puertorriqueños.

De acuerdo con la cronología recogida por Casa Pueblo, Fortuño manifestó el pasado 7 de febrero que dudaba que el gasoducto fuera la mejor alternativa para bajar la factura de luz y por esa razón anunció que le solicitaba a la Junta de Gobierno de la AEE un informe que contemplara “todas” las alternativas, en o antes de marzo.

“En esa ocasión, su presidente José Ortiz, le adelantó el informe a mediados de febrero en Fortaleza. Sin embargo, Fortuño informó el 17 de febrero que optaría por constituir un Comité Intersectorial para que también le recomendara medidas para cumplir con las nuevas exigencias ambientales que le exige el orden federal”, recordó Massol González.

“Para entonces, el Gobernador le otorgó 90 días, quizás con la intención de aparentar que el asunto ameritaba una decisión expedita. Hoy (lunes) a Fortuño se le ve el refajo, se le ve el refajo a leguas, desde Adjuntas. Es claro que sigue ganado tiempo para jugar con su calendario electoral y apostar a que pueda construir el gasoducto, en caso de salir electo”, denunció.

El también receptor del Premio Goldman por su liderato en la protección de miles de acres en la cordillera central, trajo a colación la representatividad del Comité nombrado por el Gobernador. “De nueve sectores representados, siete son agencias que responden a Fortuño. En una votación ordinaria, ¿quién usted cree que mantiene el poder?”.

A la fecha, ningún colegio profesional del País apoya el gasoducto que impactaría negativamente la calidad de vida de 200 mil puertorriqueños. Colegios como el de Ingenieros y Agrimensores, Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Médicos-Cirujanos rechazan éste.

El anuncio de Luis Fortuño de extender el periodo para que el Comité rinda su informe se da en esta semana en que el Senado evalúa el nombramiento de José Ortiz como presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.

Casa Pueblo es una organización de base comunitaria en Adjuntas, que se destaca por su lucha en oposición a la explotación minera propuesta en la década de los ochenta. La entidad es modelo de autogestión económica a través de la venta de su Café Madre Isla, tienda de artesanías y la emisora Radio Casa Pueblo 1020 AM.

Alexis Massol, fundador de la organización Casa Pueblo, de Adjuntas. (suministrada)

“¿Qué hubiera sido de Puerto Rico hoy si no hubiéramos defendido nuestros bosques contra la minería? Nuestro presente es el fruto de aquella lucha”.

Así reflexiona el ingeniero Alexis Massol, al recordar que este domingo se cumplen diez años desde que el 22 de abril de 2002 reconocieran su liderazgo en la lucha ambiental, al otorgarle el Goldman Prize, máxima condecoración para quienes defienden las aguas, los bosques, y la fauna en los distintos países.

Massol participó en aquella ocasión con gestas homólogas representativas de cada continente. Sin embargo, fue premiado bajo la categoría de Isla-Nación por el esfuerzo comunitario que dirigiera con la organización Casa Pueblo para el 1980 en aras de detener los planes gubernamentales de explotación minera en 37 mil cuerdas entre los pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya.

Las ejecutorias de Casa Pueblo y Alexis Massol no parecen tomar descanso, pues a sus 32 años de fundación de la organización, continúan dando batallas para proteger a la cordillera central y la zona costera del norte del impacto de un gasoducto de 92 millas.

“Si podemos hoy hacer vida en esta zona de la montaña, es por haber estado alertas de los peligros que enfrentábamos en esa época. Hoy todavía enfrentamos amenazas como la del gasoducto, pero la determinación de los puertorriqueños salva lo esencial. Sin ambiente no hay país. Y este país nos pertenece”, dijo con característico estoicismo el director de Casa Pueblo.

Plaza del Caribe en Ponce dedicó la Semana del Ambiente, que culmina el domingo, 22 de abril, a recrear en su atrio principal la estructura de la casona sede, el mariposario y la emisora Radio Casa Pueblo, con el fin de emular el legado de la entidad dirigida por adjunteños conscientes de la protección y prestigio que conlleva conservar los recursos naturales.

El domingo se celebra el Día del Planeta Tierra, sumándose así a la conmemoración del décimo aniversario del premio Goldman y del 32 aniversario de la creación de Casa Pueblo.

Alexis Massol y su hijo Arturo, durante la marcha en contra del gasoducto, celebrada el 1 de mayo de 2011, en el pueblo de Adjuntas. (foto por Marielisa Ortiz)

Corredor Ecológico del Noreste (foto por Marielisa Ortiz Berríos)

El próximo sábado, 28 de abril de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Fajardo, será cede del 2do Foro de Capacitación y Desarrollo Empresarial para el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

Este Foro tiene el objetivo de generar discusión sobre las distintas alternativas de generación de empleos, la creación de empresas y el increíble potencial de desarrollo económico de esta zona de extraordinario valor natural, reconocida como tal por agencias locales y federales desde la década de 1970. Todo esto como contrapropuesta a las motivaciones que llevaron a que la presente administración eliminara la designación del CEN como Reserva Natural y ahora promueva la construcción de urbanizaciones, hoteles y centros comerciales dentro de esta zona.

Basado en el concepto de desarrollo sostenible y en aras de promover oportunidades de empleo en la región noreste de Puerto Rico, preservando la integridad física de las 3,200 cuerdas del ecosistema que comprende el Corredor Ecológico del Noreste, se presentarán ideas para negocios, opciones de financiamiento, y testimonios de pequeños empresarios exitosos. Basado en los puntos del Plan Integral de Usos de Terrenos para el CEN del 2008 y propuestas de la comunidad académica, se propone a su vez la concentración de ofertas eco-turísticas en las comunidades portales en las periferias del CEN.

Actividades como éstas resaltan la importancia del proyecto de ley que está evaluando el Senado de Puerto Rico, el Proyecto del Senado 2282. Este proyecto de ley establecería la preservación, conservación y restauración de todo el CEN como política pública, junto a la designación de todos sus terrenos públicos como Reserva Natural. El portavoz de la mayoría y presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, Larry Seilhamer, informó el 13 de abril de 2012 que radicó un informe positivo al proyecto de ley que designa como reserva natural la zona del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

Para más información sobre el foro, pueden comunicarse con los siguientes contactos: Osvaldo Gelabert Toro, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Fajardo - 787.531.6592; Luis Villanueva Cubero, Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste – 787.431.6639.

Varios residentes de Loíza denunciaron alegadas irregularidades del Gobierno referente a la expropiación de los terrenos donde hace varios años se proponía el proyecto Costa Serena. (fotos suministradas)

Residentes de la comunidad centenaria de Piñones y miembros de la Coalición Piñones-Loíza denunciaron una serie de irregularidades en el proceso de expropiación de los terrenos donde se proponía el proyecto Costa Serena en Piñones.

“Nuestra comunidad vuelve a levantarse en lucha ante la indignación y suspicacia que levantan las recientes acciones del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kerkadó, y de la administración de Luis Fortuño al prestarse a inflar el valor de estos terrenos para entonces proceder a desistir del proceso de expropiación y devolverle los terrenos a la familia Katz”, expresó Milagros Quiñones, Portavoz de la Coalición Piñones-Loíza.

Los miembros de la Coalición hicieron un breve trasfondo y recuento del proceso de expropiación de las más de 1,345 cuerdas de terrenos en el sector de Monte Grande en Piñones de la firma PFZ Properties de la famiia Katz.

“El Secretario del DRNA lleva indicando que su agencia decidió desistir de la expropiación porque no puede pagar el nuevo valor de los terrenos. Pero hay que preguntarle al Secretario por qué el se prestó a este proceso innecesario de re-valorizar e inflar el valor de estos terrenos cuando su agencia ya contaba con tres tasaciones independientes efectuadas entre el 2007 y el 2008 que establecían que el gobierno debería pagar en promedio unos $4.9 millones. Por esta razón, emplazamos al Secretario Daniel Galán Kerkadó a que haga públicas sus nuevas tasaciones para conocer las comparables, las presunciones y los criterios que se utilizaron para inflar el valor de estos terrenos en contra del derecho”, sentenció la planificadora Carmen R. Guerrero Pérez, asesora ambiental de la Coalición.

Ésta también añadió: “Todo este proceso ha estado plagado de secretividad [secretismo] e irregularidades y nosotros buscamos la transparencia. Por esta razón, estaremos presentado un escrito de amigo de la corte ante el Tribunal de Primera Instancia para asegurar que se defiende el interés público en esta transacción ya que el DRNA tan sólo está defendiendo los intereses de la familia Katz”.

La Coalición hizo hincapié que aquí quien pierde es el pueblo de Puerto Rico. De una, se pierde de la posibilidad de proteger a los residentes de Piñones del desplazamiento comunitario que siempre han representado los proyectos de la familia Katz y se pierde la oportunidad de conservar miles de cuerdas del bosque de mangle más grande de todo Puerto Rico. Segundo, aunque el proyecto Costa Serena no tenía probabilidad de ser construido, ya que era contrario a ley, con la nueva tasación los terrenos se valoran como desarrollables y ahora el Estado tendrá que compensar a los Katz por daños y prejuicios.

“Hay que preguntarle al gobierno, ¿quién le paga los daños a Piñones y a Loíza por las presiones, los atropellos y el menosprecio de la familia Katz y del Estado hacia nuestra comunidad? Esta administración ha tenido una gran deferencia y pleitesía con los ricos y corruptos confesos. Si para Adolfina Villanueva no hubo una justa compensación, para Joel Katz no va haber una jugosa compensación”, resaltó Maricruz Rivera Clemente, Directora Ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra (COPI) mientras describía los impactos socioeconómicos negativos que han dejado las decenas de nuevos proyectos residenciales al este del Municipio de Loíza.

Hoy se supone que el DRNA presente ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para desistir de la expropiación. “Emplazamos al Secretario y al Gobernador Luis Fortuño a que sostengan la oferta de expropiación de los $4.9 millones de dólares, ni un sólo centavo más”, añadió Maricruz Rivera Clemente.

Yolanda Pizarro, residente del sector Monte Grande de Piñones, quien defendió su título de propiedad ante los intentos de desahucio de la familia Katz, expresó: “Le advertimos a los Katz que si antes eramos muchos, ahora somos muchos más. Les exhortamos a que acepten la justa compensación de $4.9 millones para estos terrenos determinada por tres tasaciones distintas, incluyendo la del tasador contratado por ellos mismos en el año 2007. Si luchamos contra sus proyectos por más de 40 años, estamos listos para luchar por 40 años más”.

La Coalición también resaltó que la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Costa Serena todavía está bajo la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso, el cual trata de algo estrictamente procesal, está sometido en el Tribunal Supremo desde el 2008 y todavía, cuastro años después, se está esperando la resolución. “Nos preocupa que el caso todavía no ha muerto ante los tribunales y así se puedan revivir los permisos otorgados en el pasado al proyecto Costa Serena. Esta preocupación aumenta cuando reconocemos que el Comisionado Residente Pedro Pierluisi fue uno de los principales asesores legales del proyecto Costa Seren en la década del 2000”, concluyó Carmen Guerrero.

Maricruz Rivera Clemente, Directora Ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra, emplazó al Gobierno a sostener la oferta de expropiación de 4.9 millones para la compra de los terrenos.

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La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) expresó su apoyo a la aprobación del Proyecto del Senado 2282 (P. del S. 2282), sumándose así al creciente número de agencias federales y organizaciones religiosas, comunitarias y académicas a favor de la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

El proyecto de ley, el cual se encuentra ante la consideración de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura y la Comisión Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presididas por los senadores Larry Seilhamer y Luz María “Mariíta” Santiago, designaría como reserva natural todos los terrenos públicos en el CEN, los cuales equivalen a dos terceras partes de toda esta área.

“Entendemos que la calidad del medio ambiente y contar con una excelente infraestructura verde son factores cada vez más importantes en definir la capacidad competitiva de economías como la nuestra. El CEN es de particular importancia para el desarrollo sostenible de Puerto Rico, por lo que debe restituirse su designación como reserva natural, en su totalidad”, señaló el economista José J. Villamil,como presidente de la AEPR.

En sus comentarios sometidos al Senado, la organización profesional indicó a su vez que “[N]o vemos ninguna razón para reducir el ámbito de los terrenos que merecen protección en el Corredor. En la actualidad no hay la necesidad de construcción de viviendas de lujo en el CEN y sus alrededores pues al momento existe un inventario muy grande de unidades sin vender. De hecho, hay varios proyectos en la zona que por falta de mercado, su construcción ha sido paralizada”.

El reconocido economista añadió que “[L]a Reserva Natural del CEN establecida en el 2008, y el Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo presentado en vistas públicas en agosto de ese mismo año con el endoso de agencias federales, estatales y múltiples entidades de la sociedad civil, permitía llevar a cabo determinadas actividades económicas de carácter sostenible compatibles con los fines de esa área natural protegida en esa fecha. Basta con examinar la experiencia de lugares como Costa Rica para darse cuenta que la designación como reserva natural puede ser un atractivo extraordinario para el fomento del turismo”.

A parte de la AEPR, el P. del S. 2282 ha sido endosado también por el U.S. Green Building Council-Capítulo del Caribe, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Sierra Club-Capítulo de Puerto Rico, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sistema Universitario Ana G. Méndez, la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, y la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, entre otras organizaciones.

Mientras la medida espera la aprobación del Senado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se encuentra evaluando una moción presentada por miembros de la Coalición Pro CEN para que restituya una moratoria en permisos de construcción en terrenos del Corredor. Ésta fue dejada sin efecto en enero pasado por la mayoría de los jueces de dicho foro judicial, tras una petición hecha por el Departamento de Justicia.

La moratoria había sido emitida por el Tribunal Apelativo para evitar que se convierta en académica la demanda presentada por miembros de la Coalición, en la que impugnan un nuevo plan de usos de terrenos aprobado por la administración Fortuño bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste. Este plan permitiría la urbanización de terrenos en el Corredor previamente protegidos como reserva natural y otros en la falda de El Yunque, y que incluyen aquéllos donde han sido propuestos parcial o totalmente varios proyectos residenciales-turísticos, tales como el San Miguel Resort, el Dos Mares Resort, Paradise Found Villas y hasta un centro comercial, entre otros.

Sociedad civil alerta al pueblo sobre proyecto “sustitutivo” de Vía Verde que mantiene vivo el gasoducto de Fortuño. (foto Casa Pueblo/Facebook)

Distintos sectores de la sociedad civil opuestos al gasoducto dieron al traste este lunes con la propuesta de construir un “nuevo gasoducto” hecha por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por considerar que esconde la verdadera intención de Luis Fortuño de construir el gasoducto de 92 millas.

En conferencia de prensa, Arturo Massol Deyá de Casa Pueblo de Adjuntas, sostuvo que luego de una reunión con Josué Colón y personal técnico de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tomaron conocimiento de que “el Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas (CICAAE), nombrado por el Gobernador, pondera construir todo el tramo norte del gasoducto en una primera fase”.

“El pueblo tiene que estar alerta pues pretenden decir que construirán una parte cuando realmente lo quieren construir completo (el gasoducto). El país tiene que tomar nota de que ya el Tribunal Supremo no responde a nuestros intereses y que las cortes están cerradas. Sólo un pueblo educado y organizado podrá defender nuestras aguas, nuestros bosques y nuestra gente. Recordemos que ni con las minas, ni con Vieques, se ganó en los tribunales”, subrayó.

“El Comité debe primero reconocer que Vía Verde no atiende la situación en cuanto a los estándares de la EPA ni suplido de gas natural a las plantas del norte, por eso crearon al Comité en primer lugar. Incluir el gasoducto es caer en una trampa. Dentro del Comité, la AEE insiste en construir un gasoducto que lleve a Arecibo gas natural desde San Juan, y lo peor de todo es que insistirán en que el Cuerpo de Ingenieros otorgue el permiso del gasoducto de Vía Verde, para supuestamente construir sólo dicho tramo”, explicó Massol quien aseguró que el Gobierno, una vez obtenga permiso para construir la obra completa, no se limitará a construir únicamente el tramo del norte.

El Comité tiene la encomienda de Luis Fortuño de dar con alternativas de infraestructura con el fin de colocar las unidades generatrices en pleno cumplimiento de las nuevas disposiciones federales en material ambiental, que entran en vigor en el 2015. “Este comité debió conformarse dos años atrás previo a gastar $60 millones del pueblo”, añadió.

Según detalló, el Comité sospesa recomendar al Gobernador allegar gas natural mediante sistema de boyas a Palo Seco, desde donde sería distribuido hacia la generatriz de San Juan, por un lado, y por otro hacia Cambalache en Arecibo.

Esto, de acuerdo por lo expresado por el líder adjunteño, esconde la verdadera intención de Fortuño de proseguir con el gasoducto de 92 millas, la cual ha quizás logrado filtrar a través del Comité. “Si ganan las elecciones se prevé que la primera obra de los primeros 100 días será la colocación de la primera piedra del gasoducto”, vislumbró el portavoz de Casa Pueblo.

Massol denunció que mientras no se descarte con claridad el proyecto de Vía Verde, no habrá confianza en proyectos similares, máxime cuando son tomados como excusa para mantener viva la solicitud de permiso de construcción ante el Cuerpo de Ingenieros (USACE).

Argumentó que dicho permiso daría una especie de “carta blanca” para la contratación millonaria, la destrucción de los recursos naturales y la colocación en peligro de 200 mil ciudadanos.

“La propuesta que hoy revisa este Comité tiene tres deficiencias principales: primero que pretende viabilizarla con el permiso que otorgue el USACE para el tubo de 92 millas. Número dos, insisten en enterrar un tubo por suelo densamente poblado, y número tres, inexplicablemente se empecinan en llevar ese tubo hasta Arecibo donde sólo se genera menos de un 1 por ciento de nuestro consumo energético”, detalló.

La reunión se realizó a solicitud del propio Colón, Director de Generación, Transmisión y Distribución de la AEE, quien compartió con Casa Pueblo los planes preliminares del Comité Intersectorial.

Massol denunció que, aunque internamente la AEE y el gobernador Luis Fortuño aceptan que el gasoducto no es viable técnicamente, ni pública ni procesalmente toman acción para cancelar la solicitud de permiso de construcción ante el USACE.

Según Massol, la alternativa errada presentada por Colón reconoce que no existe gas natural disponible en las instalaciones de EcoEléctrica en Peñuelas, por lo que proponen superar ese escollo allegando una barcaza al norte de Cataño, en Palo Seco.

“Llevar gas a Cambalache en Arecibo donde apenas se produce un 1 por ciento de la energía que consume el país, es una mala idea, considerando el riesgo al karso, el costo económico y a la salud de la gente. Es más, Cambalache ha sido descrita por los propios directivos de la AEE como una planta insignificante”, sentenció.

En reunión con el licenciado Pedro Nieves, presidente de la Junta de Calidad Ambiental y el Comité Intersectorial, Ángel Sosa de Sierra Club, señaló que fue informado de que existen problemas con las emisiones de las calderas de las generatrices de la AEE, con excepción de Cambalache en Arecibo.

“La generatriz Cambalache no tiene problema alguno desde el punto de vista de emisiones para el cumplimiento ambiental “Mercury Air Toxics Standards Rule” que exige la agencia federal y que entrará en vigor en 33 meses”, señaló Sosa.

“Las nuevas opciones son configuraciones completamente distintas e independientes de la Vía Verde, por lo que hacer un híbrido constituye una violación a la Ley NEPA y al Clean Water Act. Tienen que retirar primero la solicitud de permiso de Vía Verde y someter el proyecto completo, no fragmentado como hasta el momento. Además, que luego proyecten que el Comité da participación al público, se queda corto cuando tomamos en cuenta la forma en que fue impuesto el proyecto y la decisión reciente del Tribunal Supremo dejando sin derechos a los afectado, pero acogiendo la petición del Gobierno”, denunció por su parte el abogado ambiental Pedro Saadé.

Propuesta de Casa Pueblo al Comité Intersectorial:

Primero, descartar el proyecto Vía Verde ya que no tiene suplido de gas natural para operar simultáneamente las tres plantas del norte mientras, y como agravante, cancela la conversión a gas natural de Costa Sur. La limitación de EcoEléctrica impide cumplir con la nueva reglamentación de la EPA.

Mediante boyas en Aguirre y en Costa Sur –utilizando la actual tubería existente desde EcoEléctrica– la AEE podrá sustituir su consumo de petróleo, generando así más del 70% de la energía eléctrica con gas natural. De esta manera se supera por mucho la meta impuesta en Vía Verde (25%) de –reducir la factura de luz y las emisiones de gas– sin tener que construir gasoducto alguno.

Para cumplir con la nueva reglamentación de la EPA, la AEE debe instalar un sistema de control de emisiones en Palo Seco y San Juan. Esta es la mejor alternativa pues previene que el país sucumba a la total dependencia del gas natural.

De ser necesario, en lugar de expropiar cientos de familias, la AEE también debe evaluar expropiar terrenos aledaños a las generatrices para la instalación de dicho sistema. Por la falta de una o dos cuerdas de terreno adyacentes a la instalación, es inaceptable destruir 1,500 cuerdas de bosque, especies en peligro de extinción (como la cotorra puertorriqueña), impactar 235 ríos, humedales, zonas arqueológicas y expropiar sobre un centenar de familias.

De insistir en gasificar las plantas de Palo Seco y San Juan con un sistema de boyas al norte de Cataño, ésta deberá ser a través del mar con una alineación más corta y menos riesgosa que por tierra. No existe justificación alguna para construir una tubería de San Juan a Arecibo.

Acorde a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hoy en día hay 7,000 millones de personas que alimentar en el planeta y se prevé que habrá otros 2,000  millones para el año 2050. La ONU informa que las estadísticas indican que todas las personas beben de dos a cuatro litros de agua a diario, sin embargo, la mayor parte del agua que ‘bebemos’ está incorporada en los alimentos que se consumen: producir 1 kilo de carne de vacuno, por ejemplo, consume 15,000 litros de agua, y 1 kilo de trigo se ‘bebe’ 1,500 litros. Por estos datos, hoy, 22 de marzo de 2012, al celebrarse el Día Mundial del Agua, la ONU recalca en su mensaje la relación esencial entre el recurso agua y la seguridad alimentaria en el mundo. La celebración lleva el lema de “El agua y la seguridad alimentaria”.

La ONU destaca que mil millones de personas en el mundo ya viven en condiciones de hambre crónica y los recursos hídricos sufren presiones. Es por esto que aconseja que las personas consuman productos que hagan un uso menos intensivo del agua y que reduzcan el escandaloso desperdicio de alimentos, ya que nunca se consume el 30% de los alimentos producidos en todo el mundo y el agua utilizada para producirlos se pierde definitivamente. Además, la Organización exhorta a producir más alimentos de mejor calidad y con menos agua y llevar una alimentación saludable.

Según el Almanaque Mundial 2011, el agua ocupa el 71 por ciento de la superficie terrestre. De ese total un 97 por ciento es agua de mar, mientras que sólo el tres por ciento es agua dulce y de ese porcentaje el 1.5 es potable. El promedio de agua potable por habitante en los Estados Unidos es de 250 a 300 litros diarios. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa, comunidad o lugar de trabajo para conservar este preciado recurso?

Para conocer más sobre el Día Mundial del Agua visite: http://www.unwater.org/worldwaterday/index_es.html o visite su página en Facebook: http://www.facebook.com/UNWorldWaterDay.

En la agroforestería se destacan algunos beneficios que ayudan a los agricultores a utilizar la tierra de una manera más consciente y efectiva. (foto por Evelyn Ortiz)

Por Evelyn Ortiz Avilés

La agroforestería es el uso sostenible de la tierra de una manera sistemática, integrando bosques, animales, espacios agrícolas, especies vegetales y tecnologías sin afectar los ecosistemas naturales y el medio ambiente. Las características de este sistema son:

1. Que utiliza los espacios del terreno de manera óptima y ordenada, permitiendo el flujo de los productos y de los recursos de forma sostenible.
2. Está compuesta por varios elementos que interactúan entre sí, con la intervención de otros factores propios de cada ecosistema, creando estabilidad y equilibrio en dicho sistema.

Existen dos tipos de agroforestería, una es la que establece la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos para el consumo de la familia e incluye la cría de animales domésticos, tales como: gallinas, gansos, conejos, etc. La otra es la agroforestería comercial donde se identifica un producto o especie dentro de las siembras para que pueda ser comercializada.

En la agroforestería se destacan algunos beneficios que ayudan a los agricultores a utilizar la tierra de una manera más consciente y efectiva, entre éstos los siguientes: aumenta la biodiversidad, se reduce la erosión del suelo, se recupera el suelo y las praderas degradadas, aumenta la capacidad productiva del suelo, se retiene el agua, aumenta la seguridad alimentaria, se obtienen productos ecológicos, se recicla, se modifica el micro clima, se establece un manejo integrado de plagas y de enfermedades  de los cultivos, se obtienen subproductos como leña, aceites, medicinas, miel, postes, madera, forraje y  alimento, etc., se controlan las malezas, mejora la calidad de vida de los propietarios, aumenta la fertilidad del suelo, cercos vivos para los cultivos, demarcación de límites, árboles frutales, captura de carbono e integración de nitrógeno en el terreno.

El objetivo de la agroforestería es alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción, pero esto puede verse afectado por otros factores como las condiciones climáticas, el impacto positivo o negativo que haya generado el ser humano al ambiente y las condiciones en las que se encuentre el suelo.

En la agroforestería se asegura alcanzar un sistema de manejo que toma en cuenta los patrones de vida natural que mejoran o sanan el suelo y mantienen una biodiversidad de vida silvestre que se ayuda dinámicamente obteniendo mejoras en eficiencia y en estabilidad.

La autora es miembro del Instituto de Permacultura de Puerto Rico.

El grupo llevó a cabo un proyecto de siembra del arrecife de coral Acropora palmata, utilizando fragmentos captados en la zona y monitorearon su crecimiento. (suministrada)

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Por Lillian Vázquez

Revista Atabey

El Comité de Trabajo sobre Arrecifes de Coral de los Estados Unidos, conocido como el US Coral Reef Task Force (USCRTF) y el secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel J. Galán Kercadó, entregaron varios premios a entidades comunitarias que se han distinguido por sus esfuerzos hacia la conservación de los arrecifes en Puerto Rico. El objetivo principal de estas premiaciones es reconocer las contribuciones a la protección y conservación de los ecosistemas de arrecifes de coral o al entendimiento y la dimensión humana de su manejo. El grupo Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable (VIDAS) recibió el premio Participación Sobresaliente a Nivel Comunitario.

En entrevista con la Revista Atabey, Ricardo Laureano, uno de los portavoces, comentó que VIDAS “es un comité timón de entre 10 a 12 personas, un colectivo que se unió desde el 2006 ante la amenaza de privatización del balneario y del Proyecto Playa Hermosa de Cibuco”.

Acorde a un documento oficial de VIDAS, Playa Hermosa es un complejo residencial turístico el cual constaría de 1,251 espacios de vivienda entre “walk-ups”, casas y edificios multipisos, con un centro comercial y un campo de golf, cuyas escorrentías irían a los lagos artificiales del campo y servirían de posas de captación. Estas escorrentías que portarían herbicidas y fertilizantes y que unidas a las escorrentías de los estacionamientos, y calles con sus respectivos tóxicos tales como aceites de motor, sedimentación de neumáticos, etc., una vez lleguen al mar serían totalmente nocivas para las especies de peces, moluscos, crustáceos, que usan como punto de desove y de periodo juvenil, corales y algas.

Desde su fundación en 2006, el Grupo VIDAS se ha mantenido educando y ha defendido los barrios costeros de Vega Baja y Manatí, proveyendo asesoramiento legal, científico y social. “Nosotros vivimos en un triángulo, entre tres zonas ecológicamente sensitivas interconectadas entre sí, la Reserva del Mangle y el Pantano Cibuco que se conecta por el humedal con la Reserva Laguna Tortuguero y con la barrera arrecifal coralina”, aseguró Laureano. Este colectivo se ha distinguido por su activa presencia en vistas públicas, colaboración con otros colectivos con afinidad de conceptos, promoviendo foros, entre otros. “Cada vez hay menos orilla y la única manera de lograr que prevalezca es manteniendo los arrecifes vivos”, mencionó Laureano.

“Hay luchas que se ganan en los tribunales y hay luchas que se ganan en la calle. Ninguna se descarta cuando tú estas tratando de defender algo que es para tu familia y para el futuro del pueblo en general”, expresó Laureano a Atabey.

El grupo ha realizado trabajos con la academia y comunidad científica a nivel local (GIAC UPR- Grupo de Investigación de Arrecifes de Coral UPR, SAM- Sociedad Ambiente Marino), también comenzó a colaborar con el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, después se integraron DRNA y NOAA, y para 2010 la Universidad Central de Florida comenzó a colaborar con la organización, como centro académico de Estados Unidos, al ver la importancia del lugar ya que según el portavoz, “este ecosistema es el más grande de la jurisdicción de los Estados Unidos y muy probable de los más grandes de este lado del Atlántico”.

Una voluntaria de la Sociedad de Ambiente Marino colabora en la siembra de arrecifes. (suministrada)

En toda la zona costera de Vega Baja cohabitan extensas colonias de Acropora palmata o cuerno de alce, considerado como uno de los corales de arrecife más importantes en el Caribe. Luego de las marejadas de marzo 2008, cuyas rompientes partieron ramificaciones de las colonias más expuestas y además limpiaron el sustrato en áreas donde había asiento de sedimentación y contaminantes, VIDAS junto con el personal de NOAA, DRNA, GIACUPR (Grupo de Investigación de Arrecifes de Coral UPR) y SAM (Sociedad Ambiente Marino) llevaron a cabo un proyecto de siembra de esta especie utilizando fragmentos captados en la zona y monitorearon su crecimiento. Finalmente los números de NOAA arrojaron un 80%.

“Desde tiempos inmemoriales las barreras costeras naturales nos protegen contra marejadas y huracanes y nos brindan alimento. No podemos permitirnos quedar desprovistos de tan valioso recurso por el lucro económico personal de unos pocos”, dijo.

En la actualidad están trabajando con el proyecto de viveros de coral, un boletín nuevo que habla de lo que están haciendo y sobre el premio que recibieron. Este boletín se imprime y se distribuye “por la calle, en los barrios”, acorde a Laureano. También harán nuevos muestreos de la calidad de agua y van a extender los viveros de reforestación de coral. Por otra parte, Laureano informó que VIDAS forma parte de una demanda en contra del Gasoducto y están haciendo una presentación sobre el “impacto que puede causar el gasoducto a nivel de costa”.

Si deseas colaborar de alguna forma, Laureano indicó que pueden hacerlo asistiendo a los foros, defendiendo su espacio, llamando cuando tengan alguna situación y/o comunicándose vía correo electrónico a grupo.vidas@gmail.com.

Alexis Massol frente a Casa Pueblo. (suministrada)

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Casa Pueblo somete sus comentarios al Cuerpo de Ingenieros sobre el gasoducto

Alexis Massol González, director de Casa Pueblo de Adjuntas, anunció al País que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) extinguió su plazo para recibir comentarios sobre el gasoducto por parte de las comunidades y otros sectores y que ahora le toca obedecer la razón prevaleciente y cancelar el controversial proyecto del gasoducto.

El USACE había puesto el reloj a correr para recibir comentarios hasta el lunes 30 de enero, como parte del proceso de permiso de construcción de la tubería.

“Su tiempo se les acabó, su tiempo ya pasó. Nosotros, las comunidades hemos sometido nuestros comentarios y evidencias, los cuales están públicos. Ellos tienen que saber una cosa y es que el tiempo de las comunidades y de un país que sabe defenderse, con conocimiento y amor patrio, no caduca. Ellos son los circunstanciales. Ellos son los expirados”, sentenció Massol González al mostrar el documento sometido a consideración del USACE y que contiene 10 comentarios que justifican la inviabilidad y la pronta cancelación del gasoducto.

A modo de introducción, el documento expresa que el USACE ha llevado a cabo la evaluación del proyecto a lo largo de 16 meses, a pesar de que la agencia federal aceptara desde el principio, mediante carta a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que la propuesta de gas natural no cuenta con el suplido de gas necesario para operar.

Entre los comentarios de Casa Pueblo se cuentan los argumentos de ingeniería, el riesgo a la vida y propiedad de 200,000 personas, la ausencia de un ahorro económico que respalde la construcción del tubo, entre otros.

Sostienen además que el sólo hecho de que la propuesta de Vía Verde ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus propios propósitos de ahorros y disminución de fuentes fósiles de energía, el mismo adviene en clara violación de la National Enviromental Policy Act (NEPA, por sus siglas en inglés).

“A este punto es importante que el país sepa que la forma en la que el USACE ha conducido su evaluación del gasoducto, que ha sido de una forma superficial y en plena manifestación de desprecio a la vida de los puertorriqueños, se merecen que se les investigue administrativamente. Lo que quiero decir con esto es que estamos convencidos de que su director Alfred Pantano llena todos los requisitos para que reciba un ‘deshonorable discharge’, o despido con deshonores”, opinó Massol González.

El también receptor del Premio Goldman del Ambiente en 2002, denunció lo que llamó “racismo ambiental” por parte del USACE y aseguró que “las agencias federales ni locales protegerán nuestro ambiente. Ese asunto le corresponde al pueblo de Puerto Rico que magistralmente con su inteligencia, acción y devoción de cumplir con el deber ha triunfado para tumbar el gasoducto”, acotó tras apuntar que sobre un 80 por ciento de la población ha descartado el tubo como solución para una mejor infraestructura para la generación de energía.

El USACE publicó a finales de noviembre pasado el borrador de Evaluación Ambiental en inglés para Vía Verde y otorgó hasta el 30 de enero para recibir comentarios. A pesar de los múltiples reclamos comunitarios y de la propia Judith Enck, directora de la Agencia de Protección Ambiental Región II, el USACE se negó a traducir el documento al español. Este acto previno que múltiples sectores de las comunidades afectadas pudieran examinar su contenido y comentar sobre el proyecto. “El manejo del expediente de Vía Verde por el USACE ha sido prejuiciado y antidemocrático. Las personas afectadas no han tenido la oportunidad de participar en la evaluación de un proyecto que afecta severamente sus vidas”, añadió Massol.

Casa Pueblo convocó a una marcha nacional para el domingo, 19 de febrero que dará inicio frente a las oficinas de San Juan del USACE en Puerta de Tierra y culminará en La Fortaleza. Con el nombre de “Puerto Rico Firme Contra el Gasoducto”, las comunidades reclamarán la cancelación de Vía Verde y que el gobierno tome en cuenta el deseo y el conocimiento del sector ciudadano en la planificación de proyectos que afecten sus vidas y la de futuras generaciones.

La organización comunitaria de Adjuntas se destaca por su papel de liderato en contra de la explotación minera en los años ochenta en Puerto Rico. Casa Pueblo cuenta actualmente con 32 años de autogestión comunitaria, maneja el Bosque del Pueblo y el Bosque La Olimpia, mantiene la estación radial comunitaria Radio Casa Pueblo 1020AM y opera con energía solar.